Por Iván Heyn

Desde hace algunos años, la expansión del servicio de internet por cable viene creciendo explosivamente. La disputa sobre el mercado de las telecomunicaciones es un proceso que se observa en todo el mundo como resultado del avance tecnológico. La provisión de internet requería, hasta hace poco tiempo, de una red de cableado. Es por este motivo que el servicio llega a través de las redes teléfonicas o de televisión por cable. Las tecnologías de provisión son bien conocidas: las empresas de cable lo hacen vía cable modem y las telefónicas vía ADSL. El avance de la tecnología inalámbrica favoreció el desarrollo de nuevas modalidades de servicios que en argentina vienen creciendo fuertemente.
Este tipo de actividades requiere un fuerte nivel de regulación estatal en la medida en que son provistas por empresas visiblemente concentradas. Para poder competir en la provisión del servicio de internet, es necesario realizar un cableado al lugar donde se quiere llegar. Esto implica una inversión fuerte en la etapa de instalación de la red, que se vuelve mucho menor cuando se trata solo de mantener lo ya instalado. Esta situación hace que exista una “barrera a la entrada” de nuevos competidores, y por lo tanto, da un poder absoluto al que controla la red. Es decir que para poder participar en estos mercados deben existir autoridades públicas que fijen las reglas de juego para evitar que este poder de mercado pueda ser utilizado en contra de los consumidores y de los intereses mayoritarios de la sociedad.
Muchos lugares del país que no son rentables ya sea por la cantidad de población o por el perfil socioeconómico de sus habitantes no tendrían acceso a este servicio de no ser por empresas cooperativas que, fuera de la lógica de la rentabilidad, tienen como objetivo garantizar el servicio.
La fuerte relación que existe entre el mercado de las comunicaciones y las empresas periodísticas siempre permitió en este negocio márgenes de acción muy amplios. Este es el caso del Grupo Clarín que es propietario de la empresa Cablevisión, proveedora de TV por cable y de Fibertel proveedora de internet. Hace algún tiempo, los directivos del grupo decidieron fusionar las dos empresas, disolviendo, entonces, Fibertel. Y si bien informaron este movimiento a la Inspección General de Justicia, nunca fueron autorizados por al Comisión Nacional de Comunicaciones para que esta fusión de empresas pudiera seguir prestando el servicio de internet. Esta situación irregular era conocida por la compañía. El Grupo Clarín decidió vender acciones en la Bolsa, lo que supone el deber de presentar información a los inversores sobre los riesgos que tiene la empresa. Allí, ellos mismos reconocieron que no estaban autorizados a proveer el servicio. Esta situación ilegal fue subsanada por el Estado hace algunos días al exigirle a Cablevisión que cese de realizar esta actividad abriendo la posibilidad de pase de todos los usuarios de forma gratuita a otros proveedores.
Desde el Grupo y sus medios de prensa se intentó generar pánico alarmando a los usuarios sobre la posibilidad de quedarse sin el servicio. Pino Solanas completó el cuadro diciendo que se moría. Manto de piedad.
Lo cierto es que la red de cable sigue existiendo y lo único que va a pasar es que otros jugadores que ya participan en el mercado, entre ellos un número muy grande de cooperativas que prestan el servicio en el interior del país, tendrán posibilidad de participar de este mercado. El pataleo tiene más que ver con que los que ayer fueron amos y señores en el negocio de las telecomunicaciones, hoy son sometidos a las mismas reglas de juego que todos los argentinos. ¿Es tan grave? Ni a palos.

Por Iván Heyn

La media sanción del 82% móvil para las jubilaciones cierra un debate en el que la oposición no aceptó discutir lo más importante: ¿cuál debe ser la estructura de un sistema previsional justo que garantice una vida digna para todos los jubilados?
En nuestro país hay aproximadamente 5.5 millones de jubilados y 8 millones de trabajadores que tienen un trabajo formal. Los jubilados en el modelo ideal de sistema previsional deberían ser financiados por los trabajadores activos. En Argentina, el 11% de los salarios se destina al aporte previsional, mientras que los empleadores pagan un 16% más del monto total de los salarios con destino previsional. La cuenta es fácil, el 27% de cada salario va a las jubilaciones. Por lo tanto necesito 3 aportes previsionales para llegar al 82%. Pero la relación entre trabajadores y jubilados da 1.5, es decir, con los aportes de los trabajadores activos sólo se podría sostener una jubilación del 40% del ingreso de los trabajadores. Esto se explica porque el mercado de trabajo sigue manteniendo un nivel de informalidad muy alto, casi el 40% de los trabajadores en nuestro país son informales y por lo tanto no realizan aportes. Durante toda la década del 90 las privatizaciones y la desaparición de gran parte de nuestra estructura productiva dejó a gran cantidad de compatriotas en una situación precaria en materia laboral, llevándolos a realizar, muchas veces, actividades de subsistencia. A esto se le sumó la flexibilización laboral que generó condiciones precarias de empleo en gran parte de las actividades menos calificadas, por ejemplo, la construcción y la producción agropecuaria. La informalidad laboral implica que no existen aportes y, por lo tanto, se generan dos problemas: no se producen ingresos para sostener a los jubilados del presente, y esto produce que estos trabajadores no puedan tener su jubilación cuando llegan a la edad de tenerla. En esta situación se encontraban más de 2 millones de argentinos que en el gobierno de Néstor Kirchner pudieron jubilarse. Al día de hoy el sistema previsional argentino tiene la tasa de cobertura más alta de toda Latinoamérica, ya que cerca del 90% de sus jubilados recibe un ingreso previsional, con un mínimo de 1100 pesos. Si bien el monto está lejos del 82% reclamado, hay que observar que si se tomara como base la cantidad de trabajadores que realizan aportes alcanzaría para pagar 736 pesos. ¿Cómo se llega al mínimo que se paga hoy? Bueno, la diferencia se obtiene de la recaudación general de impuestos y de las ganancias de las inversiones que se realizan con los fondos previsionales. En este contexto, el Estado destina casi el 57% del presupuesto a políticas sociales que son básicamente jubilaciones y Asignación Universal por Hijo.
Es claro que la discusión central no es cómo recortar el gasto en seguridad social sino cómo financiarla. En primer lugar, ¿cuál debería ser el modelo? ¿Uno en el que se pague en función de lo que se aportó en la vida activa? Ahí aparece el primer problema, ya que en nuestro país la mayor parte de la población gana poco y un pequeño sector mucho, por lo tanto, no tendría mucho sentido que el sistema de jubilaciones reproduzca estas diferencias de ingresos. ¿Cuál sería la alternativa? Se podría pagar un ingreso universal a todos los jubilados que garantice un nivel de vida digno, mientras que los que quieran percibir un mayor ingreso en la vejez podrían decidir además de sus aportes jubilatorios ahorrar a través de algún mecanismo de inversión privado. La segunda cuestión importante es cómo debería financiarse este sistema. Aquí la oposición hizo agua y no realizó ningún planteo sensato, de hecho el proyecto de suba de jubilaciones no dice de dónde salen los recursos para financiarlos. Algunos dicen que se deberían subir los aportes patronales. Pero como decíamos antes, hoy son del 16%, y si bien puede ser un buen esquema, también señalábamos que esto es para una parte del mercado de trabajo que es la que está en blanco. Otra alternativa podría ser gravar algunas rentas que no están del todo contempladas en el actual sistema tributario como la financiera o la minera. Sin embargo, lo perdemos de vista es que lo que debemos discutir es un sistema de recaudación tributaria que cobre impuestos a los más ricos para financiar el sistema de seguridad social. Esto se hace no sobre el empleo o sobre el consumo sino sobre las personas. El eje debe estar puesto en evitar que la riqueza que se genera se la apropien algunos para vivir en el lujo y la extravagancia, y que la misma se reinvierta para producir más. Para esto se necesita cobrar impuesto a las herencias, a los bienes de lujo y, obviamente, a la renta. Fijate todos los temas que los muchachos de la oposición se olvidaron de discutir.

Por Iván Heyn

Desde el año 2003 nuestro país dejó atrás la crisis que cerró la etapa neoliberal que proponía al mercado como principal organizador de la sociedad, sus recursos y su producción. Las bases del nuevo esquema de acumulación económica fueron volver a poner en el centro del funcionamiento económico al Estado. En la primera etapa la fijación de un tipo de cambio que permitiera que nuestras exportaciones se fortalecieran en el mundo y que los productos nacionales ganaran espacio en el mercado interno garantizaron una salida de la recesión. Sin embargo, con el tipo de cambio no alcanzaba ya que para garantizar la existencia de un mercado interno fuerte era necesario que los trabajadores tuvieran ingresos. Desde esta perspectiva se aumentó el salario mínimo por decreto, se subieron las jubilaciones y se reabrieron las negociaciones colectivas para que se generara un aumento del consumo y la demanda. A estas políticas se le sumó una estrategia de renegociación de la deuda externa, cuestión fundamental para liberar las fuerzas del Estado. Difícilmente con el nivel de deuda que tenía nuestro país el Estado hubiera podido sostener aumentos de jubilaciones, políticas sociales, de salud y de educación. Entonces las políticas macroeconómicas que son justamente aquellas que impactan a todos los sectores productivos y sociales por igual, y que son las que dan el marco al funcionamiento de la economía tuvieron esta dinámica: tipo de cambio competitivo, desendeudamiento del Estado, gasto público en expansión y promoción de mejoras salariales que impulsaran el mercado interno.
Una vez consolidada esta dinámica macroeconómica hubo un eje de política sectorial centrado en la infraestructura. Las necesidades de garantizar la oferta energética en un proceso de fuerte crecimiento obligaron a destinar gran parte de los esfuerzos de gasto público a estas cuestiones. También se avanzó en la infraestructura logística, es decir todo lo relacionado con rutas y puertos para el movimiento de los grandes volúmenes de producción que se iban generando. Estas políticas favorecieron fuertemente la generación de empleo y actuaron sobre la consolidación del empleo y del consumo en el mercado interno.
Luego de poco más de 7 años de crecimiento sostenido es importante que los sectores juveniles de nuestro país tengan bien claro cuáles son los ejes de este crecimiento exitoso ya que a partir de este entendimiento se podrá pensar cuáles deben ser los objetivos de crecimiento económico para el largo plazo en nuestro país.
Mientras leés esto, en Rio Tercero, Córdoba, más de 2000 jóvenes estarán discutiendo cuáles deben ser los ejes de un proyecto nacional. Y se intentará dar respuesta a preguntas como:
¿Es posible volver a una sociedad de pleno empleo?
¿Toda economía es Solidaria?
¿Es posible un proyecto industrial integral sin independencia económica?
¿Explotación o aprovechamiento de los recursos naturales?
¿Cómo avanzar a la consolidación definitiva de la integración latinoamericana?
La forma en la que se administra la economía es una cuestión muy importante para dejárselas exclusivamente a los economistas, y por eso desde esta columna tratamos de quitarle ese velo tecnicista que siempre recubre el pensamiento económico. Nuestra responsabilidad como generación es no repetir errores del pasado, aprender de las estrategias que han sido exitosas, pero sobre todas las cosas tener una visión profunda de lo que queremos ser como país. Entender nos permite elegir, es el momento de tomar posición, es el momento de decir qué es lo que queremos de la economía.

Por Iván Heyn

Te contábamos hace dos semanas que el funcionamiento del sistema energético nacional es el resultado de decisiones de inversión de muy largo plazo. Desde que en el año 2003 la economía argentina ingresó en la senda de crecimiento más importante de los últimos 50 años, los límites del modelo energético generado al calor de las políticas neoliberales de la década del 90 empezaron a mostrar sus límites. Y la falta de intervención pública, que dejó librada a los vaivenes de los mercados internacionales la política energética, provocó fuertes distorsiones en la estructura energética local.
Durante la década del 90 el precio del petróleo y del gas a nivel internacional fue muy bajo. Esta situación favoreció una estructura de generación de energía eléctrica en base, justamente, a estas fuentes energéticas. Es claro que para construir una represa que permita aprovechar el caudal de los grandes ríos con los que cuenta el país, se requiere de grandes proyectos de inversión que demoran años y, en general, la lógica del sector privado es tratar de tener la menor cantidad posible de capital inmovilizado. Lo mismo ocurre con la generación nuclear de energía. Mientras tanto, una central generadora de energía a petróleo o gas se puede importar y en dos años se instala y empieza a funcionar. Es por esta dinámica que gran parte de la energía eléctrica pasó a generarse con hidrocarburos ya sea vía gas o fuel oil.
Pero la cosa no queda aquí, ya que la virtual desaparición del Estado como planificador de la política energética, implicó, entre otras calamidades, el abandono de todos los proyectos de inversión vinculados a la energía. Esto ocurrió, por ejemplo, con la represa Yaciretá, que quedó a medio hacer; con Atucha II, de generación nuclear y con unos cuantas represas hidro-eléctricas, sobre todo en la zona cordillerana, que nunca pudieron pasar de su estatus de proyecto.
La energía eléctrica tiene una particularidad: es un tipo de energía que no se puede acumular, esto quiere decir que se debe consumir en el mismo instante que se genera. Es por esto que deben realizarse esquemas para que, en donde existe generación de excedentes energéticos, estos puedan ser canalizados hacia una red que no es más que los cables por los que llega la energía al lugar de consumo. La falta de planificación en este aspecto también fue importante. Las redes eléctricas en los distintos puntos del país estaban controladas por distintos actores económicos, esto generó una estructura insular y sin interconexión a la red nacional, de modo que la energía que se generaba en los distintos puntos del país no podía ser aprovechada en otros puntos. Muchas veces la lógica de mercado es muy ineficiente, y este caso es una clara muestra de ello.
A partir del año 2003 se empezó a cambiar esta situación. Una de las primeras medidas tomadas en materia energética fue mejorar el transporte. La Patagonia se integró al cableado nacional a través de dos grandes líneas de alta tensión (Choele Choel – Madryn, y Madryn – Pico Truncado. Esta obra no fue la única y en total se incorporaron 2200 km de nuevas líneas para que se pudiera aprovechar la energía generada en todo el país. El eje de la estrategia energética en materia de generación de energía estuvo puesta en terminar las obras de Yaciretá, realizar la represa Caracoles en San Juan y terminar Atucha II, ya que como lógica de largo plazo se buscaba bajar la dependencia de la generación a través de hidrocarburos. Dos números atrás te contábamos que las reservas de gas y petróleo se habían consumido fuertemente. A pesar de que la estrategia de largo plazo era esta, para resolver los problemas de crecimiento de la demanda de energía de corto plazo se debió recurrir a dos plantas de generación de energía eléctrica vía hidrocarburos que son la San Martín y la General Belgrano.
Es interesante remarcar que estas políticas permitieron soportar de 2003 a 2010 un aumento en el consumo de energía diaria del 51%.
El Plan Energético Nacional hoy contempla la construcción de más centrales de generación nuclear así como de varias represas hidro-eléctricas. La idea central consiste en tener una fuerte baja de la dependencia de gas y fuel oil, permitiendo que la energía que sustente el crecimiento de la Argentina sea sostenible en el largo plazo, y en este sentido, los ríos y las minas de uranio que existen en Córdoba y que son la base para generar energía hidro eléctrica y nuclear permiten pensar un escenario a 50 años sin grandes complicaciones.

Por Iván Heyn

En el número anterior te prometimos hablar de electricidad, pero los muchachos de la Rural nos obligaron a desenchufarnos y ponernos las pilas con las retenciones de nuevo….

El comercio internacional permite que cada país ocupe un lugar en la división mundial del trabajo. Están los que venden alimentos, los que hacen zapatos y ropa con diseño, los que venden automóviles, los que comercian herramientas. Este intercambio se realiza a pesar que todos estos países tienen distintas monedas. El tipo de cambio es la relación de valor que existe entre las mismas y que puede ser dólar-peso, euro-peso, yen-euro, etc. Para que dos economías comercien entre sí tienen que tener capacidades productivas similares, entendiendo a la productividad como la cantidad de trabajo humano que tienen que destinar para producir determinados tipos de bienes. A mayor necesidad de trabajo, menor productividad del país, es decir mayor ineficiencia. Por ejemplo, Alemania y China, cuando comercian productos textiles, son dos economías con niveles de productividad significativamente diferentes. La productividad de la economía alemana, es decir el nivel de producción de bienes textiles por unidad de trabajo (horas-hombre), es mucho mayor que la de China, con mayores niveles de ineficiencia producto de la menor utilización de maquinarias y baja capacitación de su fuerza de trabajo. Sin embargo, las productividades desiguales resultan equilibradas por medio del tipo de cambio bilateral. China logrará vender sus productos en Alemania, y en aquellos mercados en los cuales compita, si sus precios compensan su menor capacidad productiva, es decir, mediante la recepción de una menor cantidad de dólares por unidad de producto. ¿Me vas siguiendo? Con este ejemplo simple vemos cuál es el rol del tipo de cambio. Sin embargo, no todas las actividades necesitan el mismo tipo de cambio. En la economía de nuestro país existen condiciones naturales excelentes para la producción agropecuaria. Las extensas y planas superficies de la pampa húmeda con excelentes condiciones de lluvias garantizan una gran fertilidad. Esto hace que los costos en dólares de la producción agropecuaria sean menores o iguales que los del resto de los países con los que competimos, y por lo tanto, si tomamos este sector como referencia tendríamos un tipo de cambio en relación al dólar cercano a uno. Sin embargo, este tipo de cambio impide que el resto de las actividades productivas se desarrollen, ya que un tipo de cambio cercano a uno hace que los costos en dólares para las actividades industriales sean muy altos y por lo tanto no sea conveniente producir sino importar de países más baratos. Si se generaliza esta dinámica, la actividad productiva va desapareciendo, generando desempleo y pobreza como se vio en los 90. Esto es así porque el sector agropecuario no alcanza para darle empleo a una población de 40 millones de habitantes. Para que el país se desarrolle se necesita que todas las actividades sean rentables y para esto son necesarios distintos tipos de cambio en función de las capacidades productivas de cada sector. La industria necesita un tipo de cambio más alto para ser competitiva, es decir, costos en dólares más bajos, mientras que el sector agropecuario con un tipo de cambio más cercano al uno a uno puede competir. Los derechos de exportación funcionan como un mecanismo para diferenciar los tipos de cambio. Con un tipo de cambio alto, los costos en dólares de todas las actividades bajan, sin embargo si yo no utilizo las retenciones el sector agropecuario vendería su producción en dólares, y la producción agropecuaria es central en la alimentación de los trabajadores y por lo tanto en sus salarios. La forma de garantizar un costo en dólares bajo es garantizar el acceso al consumo de estos bienes a valores más bajos en pesos y esto se logra a través de los derechos de exportación, esto es, retener parte de los dólares que perciben los productores agropecuarios permite que los precios de estos bienes sean más baratos en el mercado interno. Cuando yo cobro 27% de derechos de exportación al trigo, en realidad estoy permitiendo que en el mercado interno el trigo valga un 27% menos que en el mercado internacional.
La demostración de que el esquema explicado funciona está en los últimos ocho años en los cuáles, a pesar de las quejas y críticas, el país creció de forma equilibrada, con una industria que no deja de expandirse y con un sector agropecuario que no para de ganar plata. ¿A vos te parece que conviene eliminar las retenciones? A nosotros NI A PALOS.

Por Iván Heyn

Se viene el fresquete en invierno y vuelven a aparecer los anuncios de crisis energética. También en verano, cuando aprieta el calor, empieza la cantinela de los cortes. Veamos de qué se trata:

Las políticas energéticas son el resultado de decisiones que se toman a largo plazo. Esto es así porque cuando hablamos, por ejemplo, de energía eléctrica, nos referimos a represas hidro-eléctricas, a reactores nucleares, a generadores ciclocombinados, a parques eólicos, etc, todas cuestiones que llevan años para ser construidas. Lo mismo ocurre con el gas. Este producto tiene una proceso extractivo complejo: primero hay que explorar y luego hacer grandes obras de ingeniería para transportarlo. Con todo esto tratamos de graficar que el sistema energético que existe hoy en la Argentina es el resultado de decisiones que se tomaron una década atrás, mientras que las cosas que se están haciendo en materia energética desde 2003 tendrán un efecto real mayoritariamente a partir de de la década que comienza.

Veamos primero cuál fue el modelo energético que tuvo Argentina en la década de las privatizaciones con respecto al gas (el fin de semana que viene te contamos cómo fue con la electricidad). Cuando el menemismo vendió Gas del Estado, se contaban reservas de gas para casi 30 años, sin embargo, la privatización generó una lógica en la que las empresas administradoras del recurso concentraron sus esfuerzos en la exportación hacia Chile, Brasil y Uruguay. La lógica era la siguiente: el país nada en gas, la industria reduce su participación en la economía, entonces cada vez se necesita menos gas para la producción, por lo tanto, mejor venderlo afuera.

También en línea con la concepción de los 90, no se mejoró el acceso al gas para las poblaciones más pobres del país y sí se destinaron fuertes cantidades para la producción de energía eléctrica, lo que volvía a la estructura energética más dependiente aún del gas. Desde 1989 a la fecha, la disponibilidad de gas bajó de 30 a casi 10 años. En parte esto se explica por el fuerte crecimiento de la economía de los últimos años que permitió el aumento de la demanda residencial, de la industrial y de la destinada a la energía eléctrica. Hay que decir que este crecimiento de la demanda se atendió manteniendo los contratos de provisión a Chile, Uruguay y Brasil.

La otra parte de la explicación es que poco y nada hicieron los dueños privados del gas por aumentar las reservas y por lo tanto garantizar el acceso a futuro de este bien. Esta situación fue encarada desde el gobierno nacional en primer lugar buscando garantizar la provisión de corto y mediano plazo a través de la construcción de dos gasoductos gigantes. Uno de ellos va hasta Bolivia, país con el que se firmó un contrato de provisión de largo plazo en buenas condiciones para ambas naciones. Esta estrategia en su momento fue cuestionada porque se dijo que en Bolivia todavía no existían los pozos y ya se mandaba el caño, sin embargo, en el negocio del gas nadie realiza un pozo para extraer si no hay cómo transportarlo. La segunda estrategia tuvo al sur como objetivo aprovechando las reservas de gas no explotadas de Tierra del Fuego, descubiertas en su momento por YPF. La obra para transportar el gas desde la isla es única en el mundo y consiste en un caño enorme que por debajo del agua cruza el estrecho de Magallanes. Hace más de 50 años que nuestro país no se embarca en una obra de ingeniería de esa dimensión. Como se ve, esto resuelve en parte el problema para el corto plazo ya que dentro de 10 años, cuando se acaben las reservas actuales, el país contará con estas alternativas de provisión. Sin embargo, con esto no alcanza y por esto el Ministerio de Planificación encaró un número importante de estrategias para diversificar las fuentes de energía del país a través de planes de energía nuclear, eólica, y de construcción de represas hidroeléctricas.

Lo cierto es que a pesar de la situación límite con la que funciona el sistema energético nacional que nos dejó la década del 90, la economía argentina pudo crecer durante 7 años sin grandes problemas con la energía y aún hoy lo sigue haciendo. Para poner un ejemplo de lo que fueron crisis energéticas hace poco tiempo, en 2003 Brasil tuvo durante meses varias horas de corte de luz programadas. En nuestro país hemos tenido algunas restricciones pero nada comparable con eso.

Por Iván Heyn

Es un lugar común decir que el destino del gigante asiático es de liderazgo en el mundo. En tan sólo 60 años, desde que la revolución maoísta tomó el poder, lograron transformar un país totalmente agrario y de bajo desarrollo, en la segunda potencia económica del mundo. Esto no implica que las características de subdesarrollo hayan sido totalmente eliminadas, de hecho se han quedado fuera de este proceso de modernización más de 900 de las más de 1300 millones de personas que viven en China. Sin embargo, el crecimiento ininterrumpido de los últimos 30 años a tasas cercanas al 10% ha transformado el sistema económico y político del planeta. Hoy el mundo asiste al nacimiento de una nueva multipolaridad, aunque los dos jugadores centrales de este partido sean China y Estados Unidos.
Cuando a mediados del siglo XIX se comenzaba a consolidar la hegemonía de Inglaterra como principal potencia económica y política del mundo, nuestras elites gobernantes tomaron la decisión de integrarse a ese proceso desde el lugar de proveedores de materias primas, mientras se compraban los principales productos manufacturados a la metrópolis inglesa ,en un principio, y norteamericana, después. El resultado de esa forma de concebir las relaciones comerciales es la principal explicación del atraso relativo que vivió nuestro país hasta que se emprendió un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Esta dinámica iniciada a mediados de los años 40 consolidó una de las sociedades más integradas de América Latina, con niveles de desarrollo tecnológico para manipular la energía nuclear, producir aviones, automóviles y artículos electrónicos, es decir, un tejido productivo fuertemente diversificado. A pesar de la gran destrucción de este tejido productivo por la aplicación de políticas liberales durante la Dictadura Militar que tuvieron su broche de oro en la década del 90, desde 2003 se observa que, si bien maltrechas, las potencialidades de recuperar un país basado en la producción de valor agregado a través de las innovación y la tecnología están latentes.
En relación con la gran potencia que emerge en Asia, la alternativa que todos vienen planteando es proteger la relación comercial ya que no es nuestro principal comprador de Soja. En las últimas semanas, como respuesta a las medidas de defensa de la industria nacional tomadas por el gobierno argentino, China bloqueó sus compras de soja. Sin embargo, esta soja rápidamente fue demandada por India, haciendo que el efecto China pasara desapercibido tal como lo muestra el ingreso de dólares en avalancha de las últimas semanas.
Con este activo que muestra la fortaleza de la economía Argentina y su independencia del mercado chino, el Poder Ejecutivo planteó a sus pares asiáticos la necesidad de realizar una alianza estratégica, abandonando la relación de clientes que funcionó hasta ahora.
Si bien China tiene el 20% de la población mundial y sólo el 8% de las tierras cultivables, y Argentina es el octavo país en territorio del mundo, con capacidad para producir alimentos para 500 millones de habitantes, lo que vuelve obvio el aspecto complementario de ambas economías, la propuesta que llevó Argentina fue construir una alianza con China, y que esta alianza sea utilizada para realizar una plataforma de negocios con el resto de América Latina, cooperando en materia tecnológica, militar, de infraestructura y energética. ¿Argentina es sólo soja? Ni a palos.

Por Iván Heyn

El 9 de julio es una fecha que muestra las particularidades de nuestro proceso histórico. La revolución del 25 de mayo de 1810 depuso al virrey y formó un gobierno de criollos. Entre los que participaron de la revolución estaban quienes querían seguir siendo parte del imperio español y aquellos que buscaban crear una nación independiente.
El Congreso creado en Tucumán en 1816 logró ser la forma de gobierno sólo hasta 1820, ya que las tensiones económicas que existían entre los distintos poderes abrieron una fuerte disputa sobre cómo estructurar la nación. Hacía ya mucho tiempo que las elites locales de estas tierras se encontraban haciendo negocios. El puerto del Río de la Plata se había convertido progresivamente en una próspera ciudad de comerciantes que transaban bienes que venían desde los centros productivos del vierreinato e importaban los bienes que venían desde España, que intentaba monopolizar el comercio exterior. A pesar de los intentos españoles, el gran proveedor de manufacturas para ese entonces era Inglaterra, que quería romper ese monopolio, a veces por la fuerza, como en los años 1806 y 1807, a veces con la propaganda liberal y los mejores precios que seducían a las elites criollas a entrar en el contrabando.
En el resto del país, las estructuras productivas eran todas subsidiarias de la ciudad de Buenos Aires y no contaban con autonomía económica para funcionar. Durante las guerras de la Independencia, las provincias ponían los hombres, mientras que los recursos salían de los negocios que se hacían en el puerto.
La expulsión de los españoles del territorio nacional era una necesidad central para desarrollar la estructura económica de toda la nación, incluida la de la ciudad de Buenos Aires. Una vez terminada esta tarea, serían necesarios los recursos aduaneros para garantizar la construcción del Estado Nacional, pero hasta ahí llegó el amor de los intereses porteños porque el manejo de la Aduana era una cuestión estratégica que organizaba el desarrollo. Si la Aduana protegía las producciones del interior del país cerrando el comercio durante algunos años, se iban a fortalecer económicamente a las provincias, y como consecuencia lógica se debilitaba el poder central de Buenos Aires. Entonces, esta tensión se transformó en disputa, y las disputas, por esos años, se resolvían en guerra. Durante casi 40 años la joven nación vio enfrentarse a los referentes de sus distintas regiones por estas cuestiones hasta que, finalmente, en la batalla de Pavón triunfaron los intereses de la ciudad de Buenos Aires, capital de una provincia que para ese entonces participaba del comercio mundial como proveedora de productos agropecuarios.
Casi 200 años después de la declaración de la Independencia, el rumbo de nuestra nación sigue siendo un espacio de disputa. Hace solo dos años, allá por 2008, los intereses económicos del empresariado agropecuario generaron un bloqueo de las rutas en todo el país por más de cuatro meses intentando impedir que se les cobren los derechos de exportación que financian al Estado Nacional, redistribuyen la riqueza y permiten el impulso de otras actividades productivas. La virulencia de ese conflicto dejó en claro que hay todavía dos ideas de país diferentes que siguen pujando por imponerse.
También en los últimos tiempos, tuvimos la oportunidad de observar cómo en el marco de la crisis internacional el gobierno tomó medidas de administración del comercio para impedir que la caída del consumo en el mundo desarrollado dañara las industrias nacionales. Estas medidas que se ajustan a lo que permiten las reglas de juego internacional generaron quejas de China, Brasil y la Unión Europea, que defienden sus intereses con fuerza. Hasta ahí todo bien, cada uno defiende lo suyo.
Ahora, la perorata opositora diciendo que el país está aislado, que la diplomacia es agresiva o que China nos va a dejar de comprar soja es entre cansadora y berreta, además de antinacional.
En los últimos días el gobierno decidió elevar de 5 a 7% la utilización de biodiesel en el gasoil. El biodiesel se obtiene del aceite de soja y de otros productos como la caña de azúcar y el maíz. Además, se anunció la puesta en funcionamiento de una planta de energía eléctrica que funcionará en base a biodiesel. Estos anuncios muestran que Argentina tiene muchas fuentes para producir energía, que no depende de ningún comprador para colocar su producción agropecuaria y que puede agregarle más valor a su producción con un mayor grado de industrialización.
(Esperemos que es este último párrafo sirva para que los amigos opositores que tanto miedo tienen de que China ya no nos compre recuperen el sueño y dejen los ansiolíticos.)
1816-2010.¿Independencia política y económica?, por supuesto. ¿Dependencia? NI A PALOS.

Por Iván Heyn

Muchas veces para interpretar lo que pasa en la economía tenemos que entender algunas cuestiones políticas. En los últimos días hemos observado cómo la oposición empieza a mostrar acuerdos claros. Se pusieron de acuerdo en que el odio que profesan al oficialismo es de tal magnitud que han decidido desarrollar la mayor cantidad de trabas posibles tanto a la gestión actual como a las gestiones venideras del poder ejecutivo.
Del análisis de las encuestas que se van difundiendo surge una única certeza al día de hoy: ninguno de los posibles triunfadores podrá gobernar con mayoría en el Congreso, y por lo tanto tendrá que desarrollar una política de acuerdos. En este sentido deben entenderse las medidas que la oposición viene impulsando desde el poder legislativo en la última semana.
El primer logro de la semana para el grupo A fue el recorte a los mal llamados superpoderes. El Poder Legislativo aprueba todos los años un esquema de ingresos y gastos del sector público, es decir, el Presupuesto, que estima cuánto ingresará por recaudación de los distintos impuestos y también a que áreas (salud, educación, obras de infraestructura, seguridad social, entre otras) serán destinados. Como toda estimación, muchas veces en la práctica debe ajustarse a necesidades y problemas que van surgiendo. Puede ser que el ingreso estimado sea menor y por lo tanto deban bajarse los recursos destinados a algunas cosas, o también puede ocurrir que aparezcan gastos que no estaban previstos y deban reasignarse partidas presupuestarias. Hasta ahora existía un marco legal que le permitía al Poder Ejecutivo reasignar partidas sin pasar por el Poder Legislativo nuevamente, y la Presidenta de la Nación había enviado un proyecto de ley para auto limitarse en la capacidad de reasignación, permitiendo que sólo pudiera reasignarse sin permiso del Congreso el 5% del Presupuesto. Sin embargo, la Cámara de diputados dio media sanción a un proyecto de ley que impide reasignar partidas y de ser aprobado en el Senado, el Poder Ejecutivo de turno deberá enviar al Congreso cada reasignación que quiera hacer.
De todos modos, la cosa en el Senado no parece sencilla para la oposición, ya que la mayor parte de las provincias utilizan estas reasignaciones presupuestarias en su funcionamiento, y es en la Cámara Alta donde se encuentran representados los gobiernos provinciales, con lo cual es a priori difícil que los senadores apoyen una medida de estas características.
En este marco también la oposición impulsa el aumento de las jubilaciones al 82% móvil. ¿Qué significa esto? Que las jubilaciones deben representar el 82% del salario que cobran los trabajadores activos. Como te explicábamos la semana pasada, los trabajadores activos destinan 11 de cada 100 pesos de sus sueldos a aportes jubilatorios. Las empresas también aportan por cada trabajador un monto equivalente al 16% del salario que pagan. Con este 27% debería sostenerse a los jubilados. La cuenta es fácil: hay aproximadamente 8 millones de trabajadores en blanco y 5,5 millones de jubilados. Para que las jubilaciones sean el 82% del salario registrado sin alterar lo que se aporta hoy por trabajador, se necesitarían 3 trabajadores activos, es decir que hagan sus aportes, por cada jubilado. El aumento de las expectativas de vida de la población y la cantidad de trabajo informal hacen difícil alcanzar esa cifra. Hoy la jubilación mínima representa casi el 60% del salario mínimo gracias a que además de los aportes previsionales el Estado destina parte de la recaudación de impuestos a sostenerla. Lo más loco de todo esto, es que el financiamiento del aumento propuesto por la oposición, es acompañado por propuestas que significan una reducción presupuestaria como es el caso del reparto del impuesto al cheque entre el Estado nacional y las provincias, por lo que más que una propuesta pensando en los jubilados, esto se parece bastante a un intento por complicar la administración de las cuentas del Poder ejecutivo.
Existen en la agenda del grupo A una serie de medidas que, por un lado, impulsan el ajuste, y por otro, reclaman medidas que se piensan redistributivas. Que los sectores de derecha pidan ajuste y los de centro izquierda distribución de la renta no es sorprendente, lo que es sorprendente es que ambos sectores estén aliados, y levanten las manos juntos en comisiones y sesiones legislativas. ¿Cómo sería una Alianza para gobernar entre los que ajustan y los que proponen distribuir? ¿vos te los imaginás? Nosotros NI A PALOS.

Por Iván Heyn

La necesidad de garantizar ingresos a la población que llega a la vejez es indiscutible, todos en algún momento vamos a estar demasiado viejos para sustentarnos por nuestros propios medios. Hasta hace poco tiempo en nuestro país predominó la visión liberal y de mercado que proponía que los trabajadores tuvieran una cuenta en la que se iba depositando una parte de los sueldos, que eran administradas por los bancos a través de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP’s). El sistema se implementó a través de una reforma que dio un plazo de tiempo a los trabajadores para optar entre este sistema y el que regía hasta ese momento, que era el sistema de reparto, que recaudaba parte del sueldo de los trabajadores en actividad conformando un fondo que servía para financiar a los trabajadores jubilados, mientras que a todos los nuevos trabajadores que ingresaban a su primer trabajo se los derivó al sistema de AFJP’s. De esta manera una gran parte de los aportes de los trabajadores se empezó a acumular en las AFJP’s, pero como las cuentas de ahorro eran individuales no tenían que pagar un peso de jubilación hasta que los propietarios de esas cuentas se jubilaran. Mientras tanto a los trabajadores que ya se encontraban jubilados -y a los que se jubilarían por los próximos 15 años, al menos- les seguía pagando el Estado Nacional. ¿Te suena raro? Y sí, es raro. El Estado se quedó sin recaudación de aportes previsionales pero siguió pagando jubilaciones. Resultado: déficit. ¿Quién lo hizo? Menem y Cavallo.
El modelo de AFJP’s se basaba en el ahorro individual, con una lógica en la cual cuanto más se ganaba más se ahorraba, las AFJP’s invierten estos ahorros en el sector financiero, hasta que se tienen que pagar las jubilaciones y por este servicio te cobraban comisiones del 30 por ciento (en algunos casos superaban el 50). La idea de quienes implementaron este régimen era que las jubilaciones se convirtieran en un problema de cada individuo y no un problema del Estado, por lo tanto, de la sociedad en su conjunto. De esta forma, si a vos te iba bien tenías jubilación; si no, había sido por tu propia responsabilidad.
Los muchachos se olvidaron de un detalle: en la década del 90 la destrucción de la estructura productiva nacional generó en primer lugar altos niveles de desempleo y una caída en la calidad de estos con fuerte crecimiento de la informalidad laboral, generando que todas estas personas cuando estuvieran en edad de jubilarse no tuvieran garantizados ingresos. ¿La propuesta de los liberales? ¡Qué se jodan esos viejos!
Parte de esos fondos administrados por las AFJP’s eran invertidos en prestarle al Estado -a tasas de interés delirantes- para que se pague, por ejemplo, ¡las jubilaciones!, generando además un fuerte crecimiento de la deuda pública. También los fondos se utilizaban para financiar a los sectores más favorecidos por el modelo de los 90’s, sectores que depositaban ese dinero en cuentas en el exterior.
El 21 de noviembre de 2008 el senado aprobó la eliminación del sistema de AFJP’s culminando el proceso iniciado en 2003. ¿El resultado? Aumento de jubilaciones, incorporación de dos millones de beneficiarios que no tenían ingresos, asistencia médica a través del PAMI y numerosos subsidios para este sector tan vulnerable de la población. Hoy las políticas de seguridad social, en particular las jubilaciones, se financian en mitades iguales a través de la recaudación del ingreso de los trabajadores y a través de la recaudación de impuestos que hace el Estado Nacional. Esto es así por el enorme esfuerzo realizado por el Estado para subir las jubilaciones así como también llevar a nuestro país a los de mayor cobertura de abuelos, con este beneficio.
En el traspaso de los fondos que se habían ahorrado en estos 15 años de AFJP’s el Estado Nacional recibió muchos bonos públicos, es decir, deuda propia, por lo que bajó su nivel de deuda (ahora estos bonos vuelven a ser del Estado, ¡y es imposible deberse a uno mismo!). También recibió bastante plata. Una parte se destina a inversiones productivas y de sostenimiento del empleo, cuestión razonable ya que a mayor nivel de empleo mayor recaudación de aportes previsionales. Otra parte se destinó a la creación de la Asignación Universal por Hijo que ataca un problema fundamental como la indigencia, además de empujar el consumo, y, por lo tanto, la producción y el empleo.
Todavía resta mucho por hacer, los jubilados aún cobran poco, sin embargo creemos que estamos mejor que hace algunos años ya que pasamos del sistema individualista a un sistema solidario. ¿AFJP’s? ¡Ni a palos!