Por Santiago Diehl
La “Operación 82% móvil” fue orquestada por el diario Clarín y su guión seguido a pie juntillas por los figurones del Grupo A, entre los que se cuentan ex-funcionarios o políticos afines a proyectos ideológicos que destruyeron el sistema previsional y sus instituciones, recortaron los haberes de los viejos y entregaron sus ahorros a los bancos a través de la creación de las AFJPs para que hicieran negocios a través de la timba financiera.
No obstante el cinismo y la cara de piedra de algunos políticos opositores, el reclamo está montado sobre tierra fértil porque -al decir del bloque de Diputados de Nuevo Encuentro-, se trata de una “bandera de los sectores populares desde hace más de medio siglo”. Para Sabatella y compañía, además, es una medida “absolutamente justa y un objetivo que es posible alcanzar”. La iniciativa también es promovida por la CTA, que demanda una reforma integral de la legislación previsional que elimine los rastros del sistema de capitalización y armonice las diferencias en los montos que cobran los viejos. La CGT demostró en las declaraciones de Hugo Moyano un grado de madurez notable en relación a la importancia de las cuentas fiscales: “Progresivamente deberíamos llegar al 82 por ciento móvil de las jubilaciones, para que no nos pase lo que sucedió en 2000, 2001″, dijo.
El oficialismo tiene muchos pergaminos para exhibir en la materia, como la re-estatización de los fondos jubilatorios, la ampliación de la cobertura a 2,4 millones de personas que estaban privadas de ese derecho, el aumento de casi un quinientos por ciento desde el 2003 de los haberes y la sanción de una ley que establece su actualización semestral. Entonces, como con la Asignación Universal por Hijo, el guante arrojado por la oposición es otra buena oportunidad para redoblar la apuesta y salir por izquierda, hacer agenda común con el progresismo no peronista y apuntalar aún más los derechos de los trabajadores.
Esta semana se conoció también una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) que vino a poner, en parte, las cosas en su lugar. El Grupo Clarín S.A. está acusado de ser parte de una asociación ilícita, en la que está también implicado el JP Morgan Chase, que perpetró una defraudación millonaria contra los fondos de jubilaciones y pensiones de las extintas AFJPs. En concreto la causa abierta es por “manipulación de precios de acciones que se ofertan públicamente en el mercado de valores y su venta a los fondos de inversión, con la probable connivencia de los gerentes operativos de los mismos”. El testimonio de Hernán Arbizu, ex-gerente de cuenta del Grupo Clarín en el JP Morgan Chase desnuda el anudamiento del poder financiero y corporativo con los medios de comunicación, del cual son su brazo armado para disputar y defender negocios. Que sean parte, junto a los dirigentes del Grupo A, del club del cinismo, no es pura coincidencia








