Así nomás, de una, como quien no quiere la cosa, una pila de papeles fue trasladada desde la provincia de Mendoza hasta la Capital Federal y se hizo efectiva la medida cautelar que la “Justicia Mendocina” concedió en diciembre ante el pedido de un diputado nacional para suspender la Ley de Medios.

O sea que la aplicación de la Ley de Medios quedó suspendida porque a una persona con un cargo de Juez le parece que puede llegar a ser posible que el trámite legislativo haya sido desprolijo y que los Diputados no hayan tenido tiempo para leer todo el proyecto. En serio, eh. Esto es lo que dice. Todavía no sabe si fue desprolija la sanción pero por las dudas, cautelarmente, vuelve a regir la normativa de la última dictadura.

Las Partes

Quien presentó el pedido de medida cautelar fue el diputado peronista disidente -de las ideas de Perón- Don Enrique Luis Thomas. Este personaje es, a su vez, uno de los tantos que se fugaron del FpV para pasarse a filas de De Narváez. De Narváez es, a su vez, dueño de América y socio del Grupo Uno. El Grupo Uno es, a su vez, un multimedio oligopólico que tiene por propietario al Sr. Vila. Vila es, a su vez, y al igual que Thomas y la jueza, mendocino.

Por el otro lado tenemos al Poder Ejecutivo que, a partir de ahora y hasta que se resuelva el fondo del asunto -en caso de no prosperar una apelación a la cautelar- tendrá que cumplir con un fallo que, en nombre de las Instituciones de la República, instaura una ley de la dictadura más sangrienta de nuestra historia en detrimento de una reciente ley democrática que fue discutida y consensuada como ninguna otra en nuestra historia reciente.

El procedimiento

La medida cautelar que pone un freno absoluto a la aplicación de una ley votada por amplia mayoría y consenso social fue otorgada en diciembre. Por cuestiones procesales, feria judicial de por medio, no había sido notificada al Poder Ejecutivo, con lo cual, el “polémico” funcionario Mariotto aplicó la ley, a las chapas, durante todo el verano.

El boga

Siempre que hay un negocio, hay, como mínimo, un abogado metido en el medio. El muchacho que patrocina a Don Thomas es el Dr. Luis Leiva, personaje que fuera Juez de Primera Instancia en Mendoza hasta que lo destituyeron de su función mediante Juicio Político.

El tercero en discordia

Otro diputado mendocino, pero ultrarecontraremil kirchnerista, llamado Jorge “Pampa” Alvaro, fue el muchacho que logró demorar la notificación de la cautelar al cuestionar las actuaciones iniciadas por el Grupo Vila. A él debemos agradecerle dos meses y medio de Ley de Medios en plena vigencia.

La jueza

Doña Olga Pura de Arrabal (¡sic!) es la jueza “Vilista” que dio lugar a las pretensiones del monopolio mendocino. Tiene un nombre digno de las mejores tradiciones del realismo mágico. Su mera enunciación produce cierta discordia. Algún arriesgado podría decir que esas palabras puestas una al lado de la otra constituyen un perfecto oxímoron: la pureza y lo arrabalero son opuestos por naturaleza. Es como llamarse Mariela Loma Hundida o Juana Virgen de Cabarulo.

La Sra. Magistrada tiene antecedentes en esto de favorecer a sus amigos dueños de grandes medios. Valiéndose de la normativa dictatorial que acaba de resucitar, prohibió hace algo más de un año que Canal 7 instalara una antena repetidora para que los compatriotas mendocinos pudiesen ver la “TV Pública” sin tener que pagarle obligatoriamente el servicio de cable al grupo empresario del señor Vila, vinculado al diputado De Narváez.

El coro

Por supuesto, no se hicieron esperar y aparecieron en coro las “cheer leaders” de Magnetto (Grupo Clarín), otro de los beneficiados por la restauración dictatorial. La Diputada Giudici, que debe soñar con asumir como Directora General Adjunta de la Sección Olfa del Gran Diario apenas se le acabe el mandato, expresó su beneplácito ante un fallo que calificó de “impecable”. Por su parte, la otra porrista magnettista, Patricia Bullrich, sostuvo que “entre el Congreso y la Justicia, se acabó la prepotencia kirchnerista. Se encuadran o van a tener que aprender, no hay otro camino”. Prepotencia, ¿de quién? Encuadrarse, ¿a qué? Si no aprendemos, ¿qué nos podría pasar?

La posta

El mamarracho institucional que implica que una ley votada en las circunstancias aludidas que viene a reemplazar un decreto infame de una dictadura criminal pueda ser frenada por una ingeniería jurídica tan berreta es alarmante. Y con esto no estamos diciendo que los jueces no pueden hacer control de constitucionalidad de las leyes del Congreso. Pueden. Pero no para poner en vigencia un decreto de los milicos asesinos. Porque esto es un lime Jurídico, Constitucional, Republicano y todas las palabras con mayúsculas que se te ocurran.